Hermosillo. En México asesinan a un niño cada 24 horas, lo que hunde al país en una "crisis” de derechos humanos para la infancia mexicana.
El director de general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, presentó el 3 de octubre anterior el Balance Anual 2018 en el que reveló que de casi 7 mil niños y niñas que se encuentran peligro diariamente desaparecen 4, diariamente asesinan a 3.6
El informe también revela que, en el actual gobierno federal, encabezado Andrés Manuel López Obrador, se ha invisibilizado a los niños y niñas del país al no considerar a este 30% de la población en las políticas públicas, por las reducciones presupuestales en áreas dedicadas a su atención, prevención y justicia y hasta el acceso a la educación.
"El presidente ni siquiera los menciona en su discurso”, acusó.
Los daños irreversibles que se le están ocasionando a la niñez habrían sido previstos y prevenidos con el cumplimiento de los Acuerdos Internacionales para una vida libre de violencia en niños y niñas, mismos que fueron firmados por México desde 2015 ante el Pleno de la Organización de Naciones Unidas.
En esos tratados se solicitó al país a cambiar la estrategia en el combate a la inseguridad y violencia, puntualizó el director general de REDIM.
"También se le pidió evitar que se convierta a México en un régimen militar porque el impacto negativo lo seguirían pagando los 30 millones que integran a la población”, destacó Juan Martín Pérez García.
A cuatro años de aquella firma internacional la violencia señorea en los 32 estados de la República mexicana.
Sonora ha experimentado sangrientos días contra la niñez: en su calidad de víctimas colaterales y espectadores de la desgracia.
Los menores son los primeros en llegar a las escenas del crimen que hasta agosto anterior han dejado 809 víctimas mortales, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esta sobreexposición a la violencia en los niños sonorenses -en su calidad de víctimas y espectadores- tiene sus consecuencias desde el seno familiar hasta la convivencia en sociedad.
La Fiscalía General de Justicia en el Estado plantea cinco ejes rectores para atención a las víctimas en 12 centros de atención a víctimas del delito, distribuidos en 10 municipios que concentran el 85 % de la incidencia delictiva en el estado y están integrados por personal especializados, asesoras jurídicas, psicologías y gestoras sociales.
En la atención de caso específicos, en los que una niña o niño o adolescente ha sido testigo de un delito de alto impacto y ha sufrido pérdida de un familiar cercano, primeramente, se brinda los "primeros auxilios psicológicos” que comprenden:
Ofrecer alivio y protección; contener la situación (contención emocional, orientación sobre la situación); e identificar las necesidades que presente menor de edad en el momento (desde las necesidades básicas como son: agua, alimento, vestimenta, y sueño). Una vez cubiertas las necesidades básicas, identificar las preocupaciones inmediatas.
Finalmente, planear acciones y aproximarlo a sus redes de apoyo, así como en el momento indicado iniciar con el proceso terapéutico para trabajar el evento traumático y trabajar con las posibles secuelas emocionales que pudiesen haberse causado.
De acuerdo con el manual de la FGJE, el psicólogo debe tomar en cuenta la etapa del desarrollo del menor atendido: las circunstancias y características del evento del cual fue testigo y abordar lo anterior con respecto a las particularidades del niño y sus características personales.
"Siempre que existe un delito de alto impacto los ministerios públicos mediante oficio, remiten la información a los peritos en psicología para que inicien el proceso de acompañamiento y atención a las víctimas colaterales o indirectas con toda confidencialidad”, indica el protocolo.
Este es el primer asomo que se realiza a esas víctimas invisibles: los niños. La segunda entrega recorrerá los más tristes testimonios de esta violencia en Sonora.
LA OTRA CARA DE MONEDA: NIÑOS EN LA MIRA DEL CRIMEN
Los niños son reclutados por el crimen organizado. Los utilizan para tareas de vigilancia, como halcones, en el trasiego de drogas y en algunos casos como sicarios.
Los enganchan desde pequeños y ya no salen de esas redes sino es por su ingreso a prisión o porque mueren asesinados, por bandas rivales y en no pocas ocasiones por sus jefes mismos.
Funcionan porque son un elemento sorpresa, pueden pasar desapercibidos y enfrentan penas bajas, si son detenidos, debido a su edad.
En las etapas más álgidas del combate a la criminalidad, se les podía reconocer por sus radios a la entrada de los pueblos y las ciudades, pendientes de cualquier vista y movimiento extraño.
Participan, también, en las organizaciones de secuestradores, con tareas de vigilancia periférica o de servicios de alimentación para las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Es uno de los síntomas que trae consigo la densidad criminal y el control que las bandas ejercen sobre los mercados ilegales y que muchas veces se expanden hacía la extorsión a la sociedad.
Esta situación significa, además, un esfuerzo adicional para las instituciones educativas y de seguridad, que tienen la función de capacitar y forjar mejores oportunidades y de brindar un marco de desarrollo en libertad.
Resulta complicado competir ante el espejismo del dinero y la promesa de una vida de poder. No es así, por supuesto, pero los niños en situación de vulnerabilidad no siempre están en posibilidad de comprenderlo con claridad.
Según datos del Inegi en 2018 había uno 5 mil 800 adolescentes que enfrentaban juicios o umplían sentencia por delitos contra la salud, extorsión, delincuencia organizada y homicidio.
La Red de Derechos de la Infancia reveló que de 2015 a la fecha han sido asesinados 4 mil 299 niños y que en 2019 ya se contabilizan 299 casos. Pero si los casos de miden desde 2006, ya cifra llega a los 16 menores asesinados.
A ello hay que sumar los más de 5 mil casos de niños desparecidos o no localizados en el mismo rango de fechas.
Pero detrás de cada número hay una historia, un pequeño o pequeña que padeció el coletazo de la violencia y por muy diversos motivos.
Mueren porque están en el momento y en lugar equivocado, o porque los perpetradores ya perdieron cualquier noción de límite, como ocurrió en Minatitlán, Veracruz, donde falleció por arma de fuego un bebé de un año en un ataque a un salón de fiestas.